En un contexto nacional desfavorable, nuestra entidad cooperativa busca encaminar los esfuerzos propios con la iniciativa del nuevo Consejo de Administración, en conjunto con la municipalidad local, para obtener tarifas y sostener los planes sociales que necesita la comunidad.
Fernando Lebrun, gerente comercial administrativo de la entidad, manifestó que “tenemos un atraso tarifario y un deterioro estructural que se arrastró durante más de una década y todos sabemos que en las condiciones actuales de inflación y en el contexto económico del país, con los aumentos mayoristas del mercado eléctrico y el aumento de los insumos, la situación es insostenible”.
“Hoy nos estamos financiando básicamente con el no pago de la energía mayorista, pero esta es una situación que llego a un límite ya que a la fecha tenemos embargada una cuenta bancaria en un 100%”, puntualizó Lebrun, quien además agregó que “el atraso tarifario es muy grande y prácticamente sólo estamos pagando los sueldos del personal, los insumos mínimos necesarios para prestar los servicios y cumpliendo con nuestras obligaciones con lo cual, inminentemente, vamos a empezar a tener graves complicaciones”.
Nación es el principal responsable de la situación. Por esto es que, en conjunto con las autoridades de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, buscamos en un plazo aproximado de 30 a 45 días, poder arribar a una solución. Anhelamos que el trabajo mancomunado devuelva soluciones que, en última instancia, garanticen equidad y servicios de calidad a los comodorenses.
Con este espíritu en mente, el nuevo Concejo de Administración de la SCPL actualmente promueve y lanza programas que apuntan a contener la frágil situación de una gran porción de la ciudadanía comodorense, como el ya lanzado programa #Conectados o el próximo a lanzar #ScplEnTuBarrio, y solicitará la implementación del Pass Through, que es un sistema de actualización automática de tarifas que posibilitará implementar, mantener y reforzar los sistemas de Tarifa Social, y a su vez sofocar el potencial riesgo en la prestación de  servicios públicos.